Necesaria la revisión jurídica y conciencia social de nuestro Patrimonio
En esta ocasión mi reflexión girará en torno al estado que actualmente guarda en México la protección jurídica de nuestro patrimonio cultural en sus diversas vertientes: arqueológica, artística e histórica, tangible e intangible, como en lo correspondiente a su patrimonio geológico, paleontológico como medioambiental en general. ¿Por qué este tema que podría parecer tan amplio y desconectado entre sí? Porque justamente a partir de las diversas reformas estructurales que se han instrumentado en nuestro país, este universo patrimonial se encuentra ahora frente a nuevos y grandes riesgos.
Todo cambio en el sector económico conlleva grandes transformaciones, sobre todo cuando dicho cambio es radical. De ahí que ahora más que nunca sea necesario e impostergable llevar a cabo una urgente y profunda revisión del marco jurídico vigente en la materia.
Pensemos tan sólo que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos está impregnada, al igual que su Reglamento, de grandes vacíos y contradicciones que hasta ahora no han sido atendidos por los legisladores, lo que deja en grave situación de vulnerabilidad a dichos monumentos y zonas culturales.
Lo mismo sucede, como semanas atrás comentábamos, con gran parte –si no es que la mayor- de nuestras riquezas naturales, principalmente aquellas de mayor longevidad como son las de índole geológico y paleontológico. Y no es de sorprendernos.
¿A quién puede importarle legislar en esta materia cuando están próximas las elecciones y lo relevante es ver cómo quedarán reconformadas las fuerzas partidistas?
Mientras tanto, el país sigue su curso, las reformas su implementación y ante la nueva realidad a nadie parece importarle llevar a cabo una seria, responsable y comprometida revisión de nuestra legislación ambiental.
Creen que con pregonar que se ha logrado que “el que contamina paga” se ha cumplido, cuando que es todo lo contrario. Lo más importante sería fomentar una cultura de prevención y de concientización social en materia medioambiental y prohibir toda actividad económica que ponga en riesgo a la Naturaleza y, por ende, al hombre mismo. Ojalá que el ejemplo de los pueblos que se han proclamado territorios libres de minería a tajo abierto como Tapachula en Chiapas, Xochitepec, Miacatlán y Xochicalco en Morelos, y ahora Cuetzalan y Tuzamapan de Galeana en Puebla, no sólo se extendiera a sus respectivas entidades, sino al país entero. Sí, queridos amigos, tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos originarios.
Hasta nuestra próxima reflexión.
